Los sistemas de inversión pública en América y el Caribe

Los sistemas de inversión pública en América y el Caribe

El documento se estructure en seis secciones, presentándolo en la Sección I. La Sección II aborda el por qué el Sector Público debe evaluar sus alternativas de inversión, primeramente de manera similar a la que lo hace el Sector Privado y luego aplicando precios de cuenta que permitan corregir las fallas del mercado privado, existentes básicamente por fallas en el mercado político (Gobierno).

En la Sección III, aplicando la hipótesis de convergencia respecto al Grupo de los 7, advierte que la expectativa de evolución del Gasto de Capital del Sector Público en América Latina (AL) está caracterizada (i) por su muy significativa disminución en términos de participación tanto en la formación de la IBF como en el PBI y (ii) por el drástico desplazamiento de su ejecución desde los Gobiernos Centrales a los de menor agregación, especialmente locales. Tanto para AL como para el Caribe (EC), también respecto al G7, identifica el dramatismo de las brechas a cubrir en los campos de la infraestructura y del capital humano, señalando la necesidad de aplicar estrategias de privatización/concesión y regulaciones competitivas.

La Sección IV recorre los Sistemas de Inversión Pública (SIP) en práctica en AL y EC, donde destaca con claridad el aplicado en Chile seguido de la experiencia en curso ene Colombia. A efectos de benchmarking trata una experiencia de un país desarrollado: los Estados Unidos de América (EUA), concluyendo con las debilidades y fortalezas tanto teóricas como prácticas observadas.

En la Sección V discurre primero sobre las causas de su escasa y/o deficiente utilización como herramienta de gestión del gasto de inversión en AL y EC, para luego exponer lo que entiende como requisitos para una eficaz y eficiente implementación. Por último, en la Sección VI se presentan las conclusiones y recomendaciones.

La conclusión final es que la no aplicación de un Sistema de Inversión Pública eficaz y eficiente por parte de los Gobiernos conduce inexorablemente a la dilapidación de recursos, con la consiguiente disminución del bienestar de sus comunidades. (autor)

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